miércoles, 15 de enero de 2014

LA REFORMA DEL REF Y LAS PENSIONES


Hace unos meses “Tenerife se mueve”, esa supuesta plataforma ciudadana configurada y financiada por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Cabildo de Tenerife, con el formato de globo sonda que hiciera famoso el profesor Barea cuando fue Director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar, salía a la palestra para reclamar que las bonificaciones destinadas a los empresarios para estimular la contratación  corran a cargo de la Seguridad Social. Ese globo sonda parece que ha tomado cuerpo y  ahora los que protagonizan esa demanda son el  Gobierno de Canarias y todos los grupos parlamentarios sin excepción. Todos a una exigen una reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que implique una apuesta por el empleo y por las mal llamadas políticas de estímulo, basadas fundamentalmente en la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

En la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife   estamos convencidos de que con este tipo de medidas, que actúan directamente sobre el gasto para rebajar los costes empresariales, sólo se generan las condiciones para que el empresario encuentre una  contratación “domesticada” y barata. Las obscenas tasas de desempleo, precariedad y exclusión social que soporta Canarias, unidas a la continua y convulsiva aplicación de este tipo de políticas –Estrategia de Dinamización Económica (2008), Pacto Social por la Economía y el Empleo (2009), Acuerdo por la Empleabilidad y Emprendeduría en Canarias (2011), Estrategia Canaria de Formación y Empleo (2012-2014), Pacto por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social (2012) y Estrategia Canaria por el Crecimiento y el Empleo para el período 2013-2020y la utilización de instrumentos fiscales como la Reserva Canarias de Inversiones (RIC) o la Deducción por Inversiones, de creación más reciente, ponen en evidencia la nula  eficacia de dichas políticas y nos atrevernos a decir que han sido contraproducentes, pues a pesar del aumento de la actividad económica,  que ha llevado al presidente Paulino Rivero a sacar pecho diciendo que  “2014 será el primero de los años buenos que Canarias tiene por delante" y que el Archipiélago "dejará atrás lo peor de la crisis económica y creará empleo", la tasa de paro en todos los intervalos de edad y para todos los colectivos (mujeres, jóvenes, parados de larga duración, etcétera) no ha hecho sino crecer.

Desde la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife  creemos que las políticas de empleo deberían proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo ni a los empresarios. Por ello, si se ha  condenado a la Seguridad Social a tener como única fuente de recursos financieros las cotizaciones sociales con la exigencia, además, de que su  presupuesto debe estar equilibrado,  la medida propuesta por los partidos del arco parlamentario canario para estimular la contratación vía REF, que implicaría trasferencias de una parte importante del capital destinado a las pensiones y otras coberturas sociales a las rentas empresariales, se estaría poniendo en peligro no solo a las pensiones públicas, sino a todo el sistema de Seguridad Social.

Por eso creemos que si de verdad se quiere estimular la creación de  empleo sin añadir  un plus de sufrimiento a los colectivos más sensibles (Pensionistas, personas desempleadas, mujeres, jóvenes), se debe ir en otra dirección. En primer lugar, se deben suprimir las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PP y del PSOE,  causantes en gran medida de la destrucción de empleo y de derechos;  abandonar el austericidio impuesto por la Troika y aumentar los salarios, sobre todo el salario mínimo, con lo que, encima, se conseguiría acrecentar los ingresos vía cotizaciones; favorecer y potenciar la incorporación de la mujer al mercado laboral; llevar a cabo una profunda reforma del sistema financiero, nacionalizar aquellas entidades intervenidas por el Estado y renacionalizar las cajas de ahorros, para hacer circular el crédito y estimular la actividad económica, incrementar la inversión pública en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales infraestructuras necesarias, etcétera; fomentar las políticas sociales y de apoyo a las familias…

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, en  Canarias la economía sumergida y la evasión fiscal superan  el 35 por ciento del PIB; por lo tanto, las medidas de estímulo al empleo que proponemos deben venir acompañadas por otras que incidan en el capítulo de ingresos, haciéndose imprescindible una lucha decidida contra esta lacra. Para ello, es esencial que las grandes fortunas paguen impuestos, que se obligue a los empresarios a abonar íntegramente el Impuesto de Sociedades, que las rentas más altas aumenten su cotización a la Seguridad Social y que se eliminen la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y las SICAV.
    
Sólo activando éstas y otras medidas semejantes se estará atacando la raíz de los problemas que hacen de Canarias una de las autonomías más subdesarrolladas de España.



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