QUE NO NOS ROBEN
LAS PENSIONES
El 7 de junio pasado, el Gobierno
creó una llamada Comisión de Expertos, supuestamente de carácter independiente,
pero que la mayor parte de ellos cobran de bancos y aseguradoras, para que
elaboraran la fórmula del “factor de sostenibilidad” de las pensiones, prevista
en el acuerdo del Gobierno del PSOE de 2011.
Basándose
en el carácter supuestamente “científico” del informe, se pretende desvincular
la revalorización anual de las pensiones del incremento del coste de la vida y
“establecer el equilibrio entre ingresos y gastos”, dando por supuesto que
habrá de ahora en adelante más jubilados y menos empleados, porque, según
ellos, aumentará la esperanza de vida y se reducirá la población laboral. Con
este criterio, los pensionistas de hoy, aunque conservasen la misma pensión
nominal, verían mermado su poder adquisitivo, y los futuros pensionistas
tendrían una pensión más baja que los actuales.
Toda
esta argumentación es la justificación de una decisión tomada de antemano por
la Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional–, gobierno de hecho de la Unión Europea, no elegido por voto
ciudadano, que es el gestor de los intereses de las grandes entidades financieras.
Su objetivo es aumentar los beneficios empresariales, rebajar salarios y
pensiones, y pagar las deudas de bancos y empresas convertidas en Deuda
Pública.
El
Gobierno del PP se escuda en el informe de la Comisión de Expertos para esta
reducción sustancial de las pensiones. Quiere rebajar la aportación patronal a
la Seguridad Social, retrasar la edad de jubilación, aumentar los años de
cotización, congelar y disminuir la capacidad adquisitiva de las actuales
pensiones, y llevar a subsidios de miseria a los futuros pensionistas. Todo
esto en beneficio de empresarios, aseguradoras y bancos.
MIENTEN
Porque
la reducción de ingresos a la Seguridad Social se debe al aumento del paro y a
las bonificaciones de la cuota patronal, no al número de pensionistas.
Porque
el supuesto aumento de la esperanza de vida no afectará a todos por igual, pues
son las personas de renta más alta, trabajos con menos enfermedades
profesionales y estabilidad en el empleo, las que tienen mayor esperanza de
vida, al contrario que la mayoría de la población asalariada. Por otra parte,
la prolongación de la vida laboral disminuirá la esperanza de vida de las
personas con menor cualificación.
Porque
no hay ninguna previsión contrastada, a largo plazo, del porcentaje de
jubilados en relación al número de personas en edad laboral. Hasta ahora han
fallado todas las previsiones que se han hecho desde el Pacto de Toledo de
1995, incumpliéndose todos los pronósticos catastrofistas. El número de
cotizantes depende de los porcentajes empleo y paro, del crecimiento natural de
la población y de la diferencia entre inmigración y emigración.
Porque
sus cálculos se hacen sin tomar en consideración el aumento de la productividad
y, por consiguiente, de la renta disponible. Hoy, uno de los países de las U.
E. con mayor aumento de la productividad es el Estado español. El aumento de la
renta puede permitir sostener a más pensionistas con una proporción más alta de
jubilados sobre la población total.
OTRAS FUENTES DE INGRESOS
Hay
otras fuentes de ingresos, además de las cotizaciones, para destinarlos a las
pensiones: La restauración del Impuesto de Patrimonio; la eliminación de la
Reserva de Inversiones de Canarias, una figura fiscal propia del Archipiélago
que exime a las empresas radicadas aquí del pago de la mayor parte del Impuesto
de Sociedades; el aumento de impuestos sobre la renta y el patrimonio de las
grandes fortunas, y la persecución del fraude fiscal de bancos y grandes
empresas. Todas estas medidas generarían recursos que podrían dedicarse a la
Seguridad Social.
HAY QUE RESPONDER
El
mantenimiento del sistema es posible, sólo es cuestión de voluntad política,
pero van a utilizar la crisis que han provocado para robarnos el salario, la
sanidad, la educación y ahora, las pensiones. No debemos permitirlo.
Esta
Plataforma se compromete a hacer lo posible por explicar a la sociedad la
falsedad de los argumentos del Gobierno y a luchar, coordinados con otros
colectivos de Canarias y del resto del Estado, para impedir esta nueva agresión
que sería un golpe demoledor para la inmensa mayoría social.